La subsidiariedad es el principio social que establece que las estructuras sociales superiores deben permitir a las menores realizar todas sus potencialidades en la búsqueda de su propia realización, interviniendo en su ayuda únicamente cuando es absolutamente indispensable para que puedan realizar sus fines y una vez que ya están capacitadas para resolver por si mismas, momento en que deberá de dejarse de prestar la ayuda temporal.

La subsidiariedad es el concepto base que está detrás de la descentralización gubernamental, la soberanía de las provincias o estados, la autonomía de los gobiernos locales, la libertad de las organizaciones no gubernamentales y, en general, la independencia de todas las instituciones de la sociedad más pequeñas y con menos recursos económicos y políticos que los gobiernos centrales.

Este principio permite que todos aporten en la medida de sus posibilidades al bien común; ello fortalece el tejido social, el arraigo comunitario y el ejercicio del libre albedrío de las personas, componente esencial de su dignidad humana. En lo privado, la subsidiariedad implica que los particulares y las familias puedan actuar tanto como sea posible sin la intervención estatal.

Las acciones de carácter paternalista aplicadas sin fundamento atentan contra este principio, inutilizan a las personas y a los organismos intermedios, desincentivando su participación e involucramiento con la sociedad.

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